Con
esta crisis sanitaria y económica muchas personas han vuelto la vista a Keynes.
Recordemos que el producto de bienes y servicios de una economía es la suma de
cuatro componentes: consumo, inversión, compras del gobierno y exportaciones
netas. Cualquier aumento de la demanda tiene que provenir de uno de esos cuatro
componentes. Pero durante una recesión, se deprime la demanda al caer el gasto.
La incertidumbre merma la confianza de los consumidores, que reducen entonces sus
gastos. Esa reducción del gasto de consumo puede llevar a las empresas a
invertir menos, como respuesta a una menor demanda de sus productos. Según la
teoría keynesiana, la intervención estatal es necesaria para moderar la caída
de la actividad económica. Eso es cierto en parte, lo que en la teoría
keynesiana subyace es que hay que reactivar el consumo.
Si
se analiza el Producto Interior Bruto (PIB) español desde la perspectiva de la
demanda, el gasto en consumo final constituye el agregado más relevante.
En
función de las unidades que realicen el gasto de consumo final en el conjunto
macroeconómico, se distinguen tres tipos de gasto: el gasto en consumo final de
los hogares, el de las instituciones sin fines de lucro al servicio de los
hogares (ISFLSH) y el de las administraciones públicas (AAPP).
El
gasto en consumo final de los hogares incluye fundamentalmente las compras de
bienes y servicios realizadas por dichos hogares para satisfacer sus
necesidades habituales. Estas compras pueden realizarse tanto en el territorio
económico nacional como en el resto del mundo. En términos de precios
corrientes, el gasto en consumo final de los hogares representa un 57% (56,6% en
2019 y el 57,3% en 2018).
| 2019 | e2020 | ||
Producto
interior bruto a precios de mercado
|
1.245.331
|
1.141.964
|
|
Demanda nacional
|
1.210.170
|
1.105.854
|
|
Gasto en
consumo final
|
950.525
|
891.242
|
|
Gasto en
consumo final de los hogares
|
704.552
|
634.097
|
|
Gasto en
consumo final de las ISFLSH
|
12.735
|
12.245
|
|
Gasto en
consumo final de las AAPP
|
233.238
|
244.900
|
|
Formación
bruta de capital
|
259.645
|
214.612
|
|
Formación
bruta de capital fijo
|
249.259
|
204.392
|
|
Variación
de existencias
|
10.386
|
10.220
|
|
Demanda
externa
|
35.161
|
36.111
|
|
Exportaciones
de bienes y servicios
|
434.250
|
347.400
|
|
Importaciones
de bienes y servicios
|
399.089
|
311.289
|
Fuente: INE y elaboración propia
Para
2020, esta partida sufrirá un retroceso del 10% respecto a 2019, lo que
contribuirá de sobremanera (68%) a la caída del PIB en su conjunto en un -8.3%.
En
términos de variación anual, desde principios de la década, el gasto real de los
hogares españoles ha venido creciendo a unas tasas anuales de entre el 2% y
2,8%, gracias a la buena evolución de las rentas familiares.
A
la vista de estos datos, resulta crucial para la intensidad y duración de la
crisis económica, que en 2020 la caída del consumo se modere, y que experimente
una recuperación sólida a partir del II T 2021.
El
consumo familiar viene condicionado por una serie de variables cuya evolución
marcarán la posterior marcha del consumo de los hogares españoles.
Renta
disponible. Sin
duda alguna el factor clave. La renta procede en su mayoría del trabajo, y en
menor medida del capital (mobiliario e inmobiliario). Los subsidios que
actualmente se trasvasan del estado a los hogares, suponen un importante alivio
de una situación temporal, pero no son renta en el sentido que permitan a las
familias tomar decisiones de consumo persistentes en el tiempo. Cuando las
personas están empleadas es cuando pueden consumir de forma constante, y cuando
existen altos niveles de ocupación, es cuando los empleos son más estables y de
calidad, y suelen acompañarse de alzas en los salarios.
A
la vista de lo anterior, la recuperación de los empleos perdidos y/o la
generación de nuevos puestos de trabajo resulta crucial para crear renta,
generar confianza y para que las familias puedan consumir de una manera continua.
Y para ello es preciso:
1. Un marco regulatorio que
fomente la empleabilidad y que no imponga rigideces al mercado laboral.
2. Unos interlocutores sociales
que estén a la altura de las circunstancias, y que asuman el reto de reducir
drásticamente el número de desempleados.
3. Una seguridad jurídica y un
respeto por el derecho a la propiedad privada, que estimulen los deseos de
invertir y crear negocios.
Finalmente,
las rentas de capital, pese a estar demonizadas por ciertos partidos, cumplen
con el cometido de generar/incrementar la renta, especialmente de los estratos
de mayor edad de la población, contribuyendo al consumo final de estas personas.
Hay
que evitar a toda costa que lo que por ahora es "desempleo cíclico"
se convierta en "desempleo estructural", con un efecto adverso y duradero
en la confianza del consumidor.
Ahorro. Un factor significativo en
estos momentos de crisis es la utilización del ahorro acumulado por las
familias en el pasado. El ahorro va a permitir por un lado a ciertas familias acometer
un consumo que el subsidio no permite, y lo que es más importante, a mi modo de
ver, emplearlo para estimular la actividad económica, aunque ello suponga un
descenso de sus niveles de ahorro, que con toda seguridad se recuperarán cuando
mejore la situación. Pero para ello es preciso que las familias intuyan y crean
en la recuperación, porque de lo contrario se producirá el efecto contrapuesto un aumento del ahorro por temor al futuro, y en una situación de crisis,
paradójicamente, aumentar el ahorro puede ser una decisión racional y necesaria
para una persona, pero si todos los agentes económicos aumentan a la vez su
ahorro la renta cae, con lo que la situación de todos empeora.
Resulta
vital, de cara al futuro, fomentar la cultura del ahorro a medio y largo plazo,
con diversidad de productos financieros transparentes que permitan superar la
tradicional tendencia a ahorrar en depósitos bancarios, con unos oferentes de
productos financieros solventes y que actúen con rectitud, y un marco
regulatorio que preserve los derechos de los consumidores y no penalice el
ahorro.
Competencia. Otra forma de garantizar un consumo
óptimo es estableciendo/manteniendo un entorno competitivo donde los
consumidores perciban una real y sana competencia entre las empresas oferentes
de bienes y servicios. Dicho entorno garantiza que las familias amplíen sus
opciones de consumir, al poder destinar menos proporción de la renta a un propósito
determinado (alimentación, ropa, comunicación, etc.).
Liquidez. Es preciso dotar de liquidez
al sistema de manera inmediata y durante un tiempo necesario para salvaguardar
la supervivencia de muchas empresas, especialmente pymes y autónomos.
La
liquidez, también, debe extenderse a las familias ya que la compra de muchos
bienes de equipo viene condicionada por la existencia de facilidades
crediticias.
La
labor del Banco Central Europeo (BCE), también, seguirá siendo importante,
puesto que las subastas de liquidez con condiciones más flexibles, permitirá
abaratar el crédito a empresas y familias. En este sentido, debe exigirse que
el BCE, amplíe su balance condicionado a que los bancos destinen un amplio
porcentaje a la compra de activos financieros alternativos de aquellas empresas
que, de no ser por la crisis del coronavirus, serían viables.
No
quisiera terminar este apartado sin recordar que también se proporciona
liquidez, con el cumplimiento del plazo legal de pago a proveedores por parte
de las Administraciones Públicas.
Política
fiscal. He
dejado de forma intencionada para el final, un factor complejo, clave y
controvertido que impacta en todos y cada uno de los apartados anteriores[1].
Uno
de los determinantes del bienestar económico y de los niveles de renta per
capita de una economía es la política fiscal. El tamaño del sector público, las
distintas funciones del gasto público y
la estructura fiscal a través de la cual se financia el sector público influyen
en las decisiones económicas y en la actuación de los agentes privados.
Lo
prioritario en cualquier política fiscal es que sea justa, y contribuya a la
equidad. Partiendo de dicha premisa básica, en un segundo plano la política
fiscal no debe ser un freno para la actividad económica. En estos momentos, es
cuando se demuestra la capacidad de unos gobernantes al implantar una política
fiscal que cumpliendo con el objetivo de contribuir a un aumento del consumo de
las AAPP que compense la caída del consumo de las familias, no suponga un
lastre para su posterior recuperación.
Estamos
de acuerdo en que las necesidades de financiación del déficit son elevadas,
pero las medidas a implementar deben ser moderadas y percibidas como
coyunturales. De esta manera, los consumidores no reducirán drásticamente el
consumo, agravando la crisis.
En
mi opinión, los impuestos deberían sufrir ligeros retoques de carácter
temporal. Así, los impuestos directos IRPF e IS deberían elevar mínimamente sus
tipos (2 puntos de media para el IRPF, y situar el tipo general del IS en el
28%) por un plazo máximo de dos años, retornando a tipos, incluso más bajos, en
2022 (IS: 24%). Al percibirse como medidas coyunturales, las decisiones de
consumo por parte de las familias no se verán afectadas
El
ahorro no debería ser penalizado con la incorporación de un nuevo tramo con un
tipo más elevado, sino con su elevación temporal a tipos del 20%, 22% y 25%
El
IVA, aunque en mi opinión no debería incrementarse, debido a su potencia
recaudadora, admito que pudiera elevarse, aunque no dos puntos como se prevé,
sino a lo sumo medio punto dejando el tipo general en el 21,5%.
Respecto
a los nuevos impuestos (tasa Google y tasa Tobin), su implantación debería ser
temporal como simple medida para financiar la situación actual, y como tal
tendría buena prensa. Su establecimiento con carácter estructural supondría un serio
lastre para la economía española.
El
impuesto sobre los ricos no tiene sentido alguno tal y como ha sido planteado,
ya que producirá un efecto claramente negativo en la economía (la contracción
de la economía puede superar en 2 millardos de euros la potencial recaudación).
La
actuación de la administración tributaria también debería tener en cuenta que
un aplazamiento generalizado de las liquidaciones durante el 2020 tendría
efectos beneficiosos sobre la liquidez de las empresas y autónomos.
Y
quisiera terminar recordando algo que “escuece” mucho, y es la necesidad de
reducir gastos superfluos en la Administración, existen duplicidades y empresas
públicas deficitarias. A ello hay añadir la existencia de muchas subvenciones
opacas.
Lo
que me temo es que las intenciones del gobierno van por el sentido opuesto, y
sus decisiones en política fiscal acaben afectando negativa y de manera
continuada en el tiempo a la actividad económica. A los ciudadanos como siempre
nos toca arremangarnos y solventar la situación, que en este momento es
consumir bienes y servicios “made in Spain”.
[1] La evidencia
empírica sobre la correlación entre la política fiscal y el crecimiento
económico es bastante controvertida. En primer lugar, por la diversidad de
resultados encontrados. Mientras algunos autores encuentran correlaciones
estadísticamente significativas entre estas variables, en otros trabajos es
difícil encontrar una estimación robusta de los
efectos de las variables
fiscales sobre el crecimiento económico. En segundo lugar, existen diferencias
importantes en cuanto a las muestras y datos utilizados.
