Recientemente el grupo parlamentario Unidas Podemos, y aprovechando la
situación derivada de la crisis sanitaria desatada por el COVID-19, ha
comunicado su intención de implantar un nuevo tributo. Se trata de un impuesto
que sujetaría, en principio, a los patrimonios superiores al millón de euros, y
con una escala progresiva. Según explica la formación política, la parte más
significativa del impuesto recaerá sobre los mayores patrimonios españoles.
Tal como se ha comunicado, quedaría exenta la vivienda habitual hasta
los 400.000 euros, y se aplicaría un tipo del 2% para los patrimonios netos a
partir de un millón de euros, del 2,5% a partir de los 10 millones, del 3% a
partir de 50 millones y del 3,5% a partir de los 100 millones. La intención es
que este nuevo impuesto no pueda bonificarse por las comunidades autónomas.
El objetivo es alcanzar una recaudación
en torno a los 11 millardos de euros.
Una vez conocida la noticia, pasemos a efectuar una serie de
consideraciones sobre esta “controvertida” figura impositiva.
Si partimos de los datos de la propia AEAT para el año 2017, figura un
patrimonio total de 670 millardos de euros, al que con toda lógica habría que
reducir las deudas, de lo contrario no sería patrimonio neto, y la exención
parcial de la vivienda, lo que nos llevaría a unos 500 millardos de euros.
Ateniéndonos a los tramos establecidos, y suponiendo que la
distribución de los contribuyentes siguiera una distribución normal, la
recaudación estaría en el entorno de los 10 millardos de euros, con la
particularidad que la recaudación se concentraría en el 2º y 3ª tramo (1,5
millones a 30 millones), representando un 65% del total. Importe que en la
actualidad sería inferior, ya que el capital mobiliario, que representa un 74%
de la riqueza, está seriamente afectado por las caídas de los mercados y las expectativas
de negocio.
Importe que, a su vez, habría que reducir en dos cantidades: a) los
gastos diferenciales de su implantación y gestión, y b) el coste que en la economía
española supondría su implantación.
Al margen de las consideraciones sobre el importe, si que me gustaría
aclarar que esta figura, nace de una visión muy limitada de ciertos partidos de
izquierda, propia del siglo XIX, que es la de que los ricos tienen su riqueza
materializada en bienes improductivos, cuando la realidad es que sus activos
están prioritariamente materializados en negocios productivos. Este error de
partida supone que el impuesto se venda bajo la suposición de que lo que el
tributo recauda se devuelve al conjunto de la sociedad, sin entrar a valorar
los posibles efectos en la inversión, consumo, empleo y salarios.
Un reciente informe de American Action Forum (AAF) analiza las
consecuencias de esta figura. Según este informe de AAF, el impacto a corto
plazo del impuesto a los ricos supondría reducir un -0,6% el PIB, mientras que
a largo plazo pasaría a ser el -1%. Por su parte, el consumo inicialmente
aumentaría, si bien en el medio y largo plazo se contraería por los menores
ingresos salariales derivados de una caída en el empleo y los salarios. Además,
caería la inversión empresarial por disminuir los incentivos para invertir.
Hemos de señalar que el punto de partida del estudio es un patrimonio
de $50 millones, por lo que, si el resultado se extrapolase al caso español, el
posible efecto en la economía española sería mucho mayor, ya que se pretende
gravar a partir de 1 millón €. A ello habría que unir que la vitalidad del
empresariado norteamericano no es comparable al español, con lo que los
impactos serían mayores ya que la pérdida en materia de inversión sería difícil
de sustituir por otro emprendedor. En contra, hay que considerar el menor peso
que tiene el sector privado en el conjunto de la economía española. Y todo ello,
suponiendo que el importe recaudado revirtiese íntegramente a la sociedad, cosa
poco probable al perderse los ingresos fiscales españoles en un marasmo de
entes y gastos.
Otra consideración es que someter a tributación el patrimonio mobiliario
de empresarios y emprendedores, me parece de una absoluta irresponsabilidad. Se
debería cuidar y mimar, además del hecho de que su cuantificación es algo más
que discutible.
En resumen, la cifra neta para la economía española es difícil de
determinar, al margen que el concepto de riqueza es algo muy subjetivo. Pero
resulta evidente tres cosas:
·
La recaudación será inferior a los 11 millardos
·
Acabarán pagando los de en medio, aunque sean
ricos
·
El impacto neto en la economía resulta muy cuestionable
Sin duda, la razón de este
impuesto está más en la satisfacción del ego de los dirigentes políticos que,
en sus beneficios reales, ya que es un impuesto de reducida potencia
recaudatoria, y con discutible capacidad generadora de una mejora en la
redistribución de la riqueza.
Se trata de una forma de dar satisfacción a tanto envidioso, de los que España va bien servida.
